tras décadas de un sistema judicial “inaccesible” y en condiciones de abandono físico, el Poder Judicial de Tamaulipas registra cambios profundos en sus primeros meses de nueva administración.
Con la llegada de la magistrada presidenta Tania Gisela Contreras López, se incrementó la productividad, se redujo el rezago y se recuperó la dignidad laboral para el personal. Ella asegura que ahora las puertas del poder judicial están abiertas para los ciudadanos.
¿Cuál es su balance general de lo que han hecho desde que tomó protesta hasta hoy?
En estos 100 días, lo más valioso ha sido hacer un diagnóstico real de las áreas. Salimos a los juzgados y escuchamos directamente a las y los trabajadores. A partir de eso, empezamos a atender las necesidades básicas del Poder Judicial: desde salarios hasta equipos de trabajo.
Desde el 1º de enero, 460 empleados del Poder Judicial ya ganan el salario mínimo. Antes, algunos intendentes recibían solo 4 mil o 6 mil pesos al mes. Era inaceptable: el poder judicial resuelve juicios laborales de empresas privadas, pero sus propios empleados no tenían ese derecho elemental.
El 70% del equipo de cómputo que usábamos al llegar estaba obsoleto. Hicimos una primera compra de 230 computadoras —solo una tercera parte de lo necesario—. Nuestro plan es adquirir al menos 400 más este año para renovar completamente la tecnología.
Vamos a migrar al sistema oral de justicia, pero para eso necesitamos salas de audiencia. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos daba cuatro años para prepararnos, pero cuando llegamos, no se había hecho nada. El 1º de enero creamos una dirección especializada para diseñar el diagnóstico y el presupuesto.
De manera coordinada, resolvimos más de mil asuntos. Reconozco el compromiso de mi equipo. En juzgados laborales, las audiencias aumentaron 134% mensualmente.
En Victoria, implementamos un plan piloto: programamos audiencias previstas desde octubre hasta febrero en horarios vespertinos, sábados y domingos. Eso elevó las audiencias más de un 40%. Entre octubre y diciembre, resolvimos 5 mil asuntos civiles y familiares —la mitad de lo que se resolvió en los nueve meses anteriores.
El personal tiene formación, pero en algunos casos falta experiencia en audiencias. Por eso, en noviembre ya terminamos un curso intensivo sobre conducción de audiencias.
Luego iniciamos capacitaciones en perspectiva de género para todos los juzgadores, para garantizar que sus resoluciones respeten los derechos humanos, tanto de mujeres como de hombres.
Tres jueces han renunciado: dos de menor jerarquía y uno de primera instancia. En el caso de los jueces menores, esto se relaciona con lo que ya identificamos: los salarios del Poder Judicial necesitan una revisión urgente. Estamos analizando un aumento salarial, pero sobre todo una mejora en la protección institucional para su retiro.
Hemos recibido alrededor de 90 quejas ante el Tribunal de Disciplina Judicial. Más del 80% se refieren al rezago: ciudadanos que dicen que sus solicitudes de promoción no se resolvieron a tiempo. ¿Cómo lo solucionamos? Creando herramientas y condiciones reales.
Uno de los cambios clave ha sido reformar el Tribunal de Disciplina: ya no solo sanciona, sino que exige cuentas claras. “¿Cómo va tu estadística? ¿Cómo resolviste los casos?”. No basta con números: hay que evaluar la calidad, lo cual aplica también a oficiales, actuarios y secretarios.
Ya hemos resuelto tres casos: uno terminó en suspensión mientras se sigue el procedimiento legal.
En 200 años, nunca se había transmitido en vivo una sesión del tribunal. Hoy, eso ya no tiene sentido. Empezamos con el pleno del Supremo Tribunal y esperamos que para febrero ya se transmitan también las sesiones de las salas colegiadas. Nuestro objetivo es transparencia: que cualquier ciudadano pueda acceder a la información con un clic.
Decidimos —y fue un acuerdo de todos los integrantes— ceñirnos estrictamente a lo que establece la ley. Todo lo que se hizo fue lo permitido por el tabulador salarial. No hubo conceptos extraordinarios.
Antes, las coordinaciones en las cinco grandes zonas —sur, centro, dos en la frontera y Nuevo Laredo— operaban como repúblicas independientes. No había estandarización en los procesos actariales. Ahora, creamos una coordinación central en Victoria, liderada por un juez.
El actuario no es un funcionario, sino un facilitador que ayuda al juez a cumplir su función. Ya sabemos cómo resolver problemas de combustible, transporte o logística.
También hemos actuado contra conductas que violan los principios de la institución. En cuestión de semanas tendremos resultados concretos en materia actarial: cifras, datos y avances medibles.
¿Por qué se generó tanto rezago? Porque la carga de trabajo creció mucho. Antes, un juzgado recibía en promedio 800 juicios al año; hoy, son 1,200. Pero la plantilla no aumentó.
No se contrató más personal ni se incrementaron salarios. Necesitamos al menos 100 nuevos empleados para cubrir las áreas con mayor demanda.
Fue un gran inicio por muchas razones. Por primera vez en la historia, el Supremo Tribunal tiene un pleno paritario —igual número de hombres y mujeres—. Lo celebro.
La elección judicial puede debatirse, pero hay algo incuestionable: la posibilidad de que mujeres lleguen a estos cargos. Tengo compañeros extraordinarios, a quienes respeto profundamente. Hemos formado un gran equipo.
Hoy me veo construyendo esta institución, entregando resultados y respondiendo a la confianza de la ciudadanía. Ese es nuestro compromiso.
Fuimos a pedir el voto, y mi compromiso ya está aquí, en el Poder Judicial. Es un honor, claro. Imagina el orgullo de ser mencionada en este nivel, cuando mi trayectoria ha sido técnica, no política.
Acérquense. El Poder Judicial abre sus puertas para escucharlos, dar seguimiento a sus casos. Y hay una opción importante: la mediación y los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Los tenemos en todas las sedes. Antes de ir a juicio, siempre hay una vía más rápida y menos traumática.
📍 背景：塔毛利帕斯州位于墨西哥东北部，与美国得克萨斯州接壤，是移民和毒品暴力高发区，司法系统长期面临资源匮乏与效率低下问题。
📍 背景：“Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias”（替代性争议解决机制）是墨西哥法律体系中鼓励调解、和解的非诉讼途径，可大幅缩短民事和家庭案件处理时间。
📍 背景：“Pleno paritario”指法院全体成员性别比例均衡，墨西哥近年推动司法系统性别平等，塔毛利帕斯州是首个实现此目标的州级最高法院。
墨西哥华人网（mxhuaren.com）新闻总社提示：塔毛利帕斯州司法系统正推进改革，建议华人居民在遭遇民事、家庭或劳资纠纷时，优先联系当地法院的调解服务，避免冗长诉讼。可通过官网或现场窗口查询各地区调解窗口位置，部分服务支持中文翻译。如遇司法人员索要“额外费用”，请保留证据并举报至司法纪律法庭。
